Hoy, la información sobre las personas privadas de la libertad en los Centros de Detención Transitoria (CDT) debe ser más clara. Esto, gracias a que la Corte Constitucional respondió al llamado que hizo la Secretaría de Seguridad de Bogotá y el Consejo Superior de la Judicatura para poner en marcha la APP PPL Connect.

¿Qué pasó? Desde hace meses, el Distrito venía solicitando información clara y precisa sobre la población privada de la libertad en las estaciones de policía. Es decir, datos como quiénes son, qué hacen, quiénes deben seguir sus procesos, entre otros. Sin embargo, la Policía y el Ministerio de Defensa no entregaron la información para la gestión de la población.

Así que la Secretaría de Seguridad elevó una solicitud y la Corte Constitucional determinó que la falta de información confiable y unificada constituye una de las causas estructurales del hacinamiento y en la vulneración de derechos fundamentales en los centros de detención transitoria.

En ese sentido, el alto tribunal establece que el Ministerio de Defensa y la Policía deben entregar la información a la Secretaría de Seguridad, y así permitir la identificación individual de cada persona privada de la libertad en estos lugares. Así como la autoridad que debe atender su caso, el estado del proceso penal, el defensor asignado y las decisiones pendientes.

En otras palabras, es un logro porque permite trabajar por reducir el hacinamiento en la capital del país.